Segob impugna la reapertura de los casinos investigados por presunto lavado de dinero
La decisión profundiza la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en torno a un caso que ha puesto bajo la lupa la supervisión financiera del sector de juego en México. Los establecimientos en cuestión, 13 casinos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, se encuentran sujetos a una investigación encabezada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda. Las autoridades identificaron movimientos en efectivo, flujos internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas, indicadores que motivaron los bloqueos de cuentas y la clausura inicial.
La resolución impugnada fue emitida por el juez federal Francisco Javier Rebolledo Peña, quien concedió una suspensión provisional a favor de la empresa Ganador Azteca S.A. de C.V., operadora vinculada a Ricardo Salinas Pliego y relacionada con plataformas como Bet365 y Betano. Este recurso judicial permitiría a los casinos retomar operaciones mientras avanza el proceso, una decisión que la administración federal considera injustificada.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura de la Segob y enfatizó que, desde la óptica del gobierno, no existe motivo para revertir las medidas precautorias:
“Desde nuestra perspectiva no había ninguna razón para permitir su reapertura y por eso hubo una impugnación por parte de la Secretaría de Gobernación.”
Mientras tanto, la autoridad judicial sostiene que la revisión corresponde estrictamente al ámbito del Poder Judicial, subrayando la independencia del proceso. El conflicto revela una dinámica compleja entre poderes en un momento en el que México busca fortalecer los controles contra actividades financieras ilícitas dentro del sector de casinos.
La audiencia clave para determinar si la suspensión se vuelve definitiva está programada para el 8 de diciembre, mientras que la sentencia de fondo se espera para enero de 2026. Hasta entonces, el caso continúa en disputa, y se mantiene la incertidumbre sobre la operación de los establecimientos involucrados.
Más allá del litigio, el tema reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la regulación, garantizar la integridad del sistema financiero y preservar la confianza en una industria que sigue en proceso de formalización. El desenlace de este expediente será determinante para definir cómo se equilibran los derechos económicos de los operadores con las exigencias de prevención y combate al lavado de dinero en México.
